domingo, 3 de noviembre de 2013

El lado oscuro de los Planes de Pagos a Proveedores (I)

España, años de bonanza, despliegue del gasto público, llegada de la crisis, importante minoramiento de los recursos públicos, continuidad en el ritmo de gasto por parte de los políticos que gestionan las Administraciones locales, resultado: un gran número de facturas sin pagar a empresas y empresarios.

Ante la situación descrita arriba, el Gobierno fundamenta la extraordinaria y urgente necesidad de establecer un mecanismo que palíe la deuda que los Ayuntamientos, Diputaciones y demás entidades del Sector Público Local tienen con terceros, pues en algunos casos, no la mayoría, la subsistencia de estos acreedores depende de que los entes públicos les paguen las deudas que tienen contraídas con ellos, y, haciendo uso de la potestad legislativa que le otorga la Constitución, emiten el Real Decreto-ley 4/2012 (RD-l en adelante), mediante el que establecen lo que se viene a llamar el primer Plan de Pago a Proveedores, cuya finalidad es facilitar liquidez a las Administraciones públicas para que puedan hacer frente al pago de las facturas pendientes.

Hasta aquí, la verdad es que parece una medida más que acertada y necesaria, pero no es oro todo lo que reluce, como bien dice nuestro refranero.

A través de este RD-l el Gobierno:

1.- Impide la intervención previa de los órganos de control internos de toda aquella factura que no los haya pasado hasta ese momento (facturas del cajón en nuestro argot, que normalmente están ahí por su dudosa legalidad).

2.- Para que esto sea posible, exime al Interventor (el citado órgano de control interno) de su responsabilidad.

3.- El punto 1 y 2 lo lleva a cabo legislando una excepción de cumplimiento a una norma vigente (art. 188 de la TRLRHL)

Artículo 5.Efectos de la expedición de certificados.
La expedición tanto de las relaciones certificadas como de los certificados individuales
conllevará la contabilización de las obligaciones pendientes de pago, en caso de no
estarlo, sin que esto suponga responsabilidad del interventor en los términos previstos en
el artículo 188 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4.- En el art. 9.2 hace elegir al proveedor o contratista que haya llevado a los tribunales la demora en el pago entre continuar el largo y tedioso proceso judicial o cobrar el principal de la deuda, olvidarse de cobrar intereses y asumir las costas judiciales y cualquier otro gasto accesorio. 

Artículo 9. Efectos del abono de las obligaciones pendientes de pago.


2.El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la
entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y
cualesquiera otros gastos accesorios.

5.-  Finalmente, habilita a las Administraciones locales para la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo (préstamo) para cubrir este desfase de liquidez en la Tesorería. Una vez más legisla contrariando de nuevo al RDL 2/2004, el que, su art. 199, establece que para cubrir esta escasez se puede acudir a una operación de tesorería, es decir, una operación de endeudamiento a corto plazo, en ningún caso a largo.


Artículo 10.Operaciones de endeudamiento.(RD-l 4/2012 - Plan de pago a proveedores)
1.Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas en el
mecanismo mediante la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo
cuyas condiciones financieras serán fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos.


Artículo 199 Gestión de la tesorería (RDL 2/2004 TRLRHL)
1. Las entidades locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de esta ley, podrán concertar, con cualesquiera entidades financieras, operaciones de tesorería para cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos.

¿Cómo ha sido posible que el Gobierno haya salido sin un solo arañazo cometiendo tales violaciones al Derecho y sus principios? La respuesta es muy sencilla, ha contentado a todos los actores.

Los empresarios cobran, los órganos de control se ven eximidos de su responsabilidad, los Presidentes de las entidades locales pueden pagar las deudas con los réditos electorales que eso conlleva y la oposción, entre tanta felicidad, no va a ser quien ponga la nota discordante.

Algunos, mirando más allá, nos echamos las manos a la cabeza, por tal violación del Derecho y por los efectos secundarios que en breve se harán visibles y que dejo para una segunda parte.